Por Néstor Forero*
La acusación se instrumentaba en momento en que la dictadura cívico militar entraba en su último turno, acallados los obuses de la guerra de Malvinas y vergonzantemente escondidos sus combatientes de regreso al continente.
No era la primera vez que el eterno luchador comenzaba una batalla: ya desde su adolescencia actuó contra el régimen sin adoptar militancia partidaria alguna. Discípulo de José Luis Torres y Raúl Scalabrini Ortiz, continuará la lucha de estos.
Caído Perón, el 13 de noviembre de 1955 ganará la calle con su periódico “Palabra Argentina”, y organizará una marcha de silencio en honor a los fusilados de 1956. La publicación será el órgano periodístico más importante de la resistencia. Desafiará la represión, escapará a los paredones de fusilamiento y conocerá las cárceles y la necesidad de profugarse para salvar su vida y continuar la lucha.
Años más tarde, Alejandro Olmos iniciaría casi en solitario una batalla que va a demandarle 18 años de peregrinación por los pasillos judiciales, buscando- y a su vez aportando- pruebas. Obra cuya culminación no alcanzará a ver en vida.
Será perseguido, silenciado, calumniado, abandonado. También el inicio de la democracia lo tendrá como un NN. Incluso le serán retenidos sus documentos de identificación y deberá batallar para llegar en queja hasta la Suprema Corte para conseguir que le sean devueltos. Con ellos en mano, saldrá al continente para denunciar la estafa de la deuda externa argentina.
En su denuncia judicial invocará como prueba fundamental el testimonio de un ex Presidente de la Nación, el Dr. Arturo Frondizi, quien en declaración pública del 30 de septiembre de 1982 afirmaba que el plan económico de 1976 tenía por objeto destruir parte de la economía argentina; agregando que fue el propio Martínez de Hoz quien le confesara, un mes después de asumir el cargo de Ministro, que “el verdadero sentido del plan era destruir el aparato productivo”. Un recorte del diario La Nación del primero de octubre acompañaba los dichos y la denuncia.
El acusado había hecho su confesión en una reunión con cinco personalidades. Una de ellas, pasado el tiempo prudencial del miedo y el silencio, hizo público el contenido de aquella reunión de 1976, y don Alejandro Olmos la recepcionará y aportará como prueba en sede judicial para que se comenzaran a develar las actitudes de un gobierno en retirada.
Diría Alejandro Olmos: “La usura", Señor Juez; fue institucionalizada por el plan económico del acusado quien sustituyó una economía de producción por una economía de especulación.
Durante su ministerio se multiplicaron en forma nunca vista los bancos y las financieras; entidades éstas que rivalizaron en una desenfrenada carrera de captación de depósitos y préstamos y en la cual el costo del dinero variaba por segundos. El país fue saqueado por una invasión de divisas, fomentada por el acusado, que se orientó exclusivamente a la especulación usuraria de los intereses y no a la inversión para promover fuentes de trabajo y el incremento de la producción. Que, dados los antecedentes de “idoneidad” profesional e intelectual del acusado, no podría atribuírsele incapacidad para el desempeño del cargo que ejerció durante 4 años. En consecuencia, el resultado de su gestión es producto de una determinación consciente, deliberada y voluntaria orientada al logro de tal resultado. Ellos es, sin duda, coherente con la confesión del Dr. Martínez de Hoz denunciada por el Dr. Frondizi”.
Así comienza su denuncia, la cual le llevará los esfuerzos de sus últimos años, miles y miles de fojas, pruebas, pedidos de aplazamiento y chicanas; y cuya culminación no llegará a ver en vida. Morirá en abril de 2000 y el fallo saldrá en julio de ese mismo año.
¿Por qué habría de durar tantos años, máxime cuando los peritos designados habían entregado sus informes con varios años de anticipación y las actuaciones estaban prácticamente terminadas?
¿Cómo es posible que el diario La Nación, en su suplemento Enfoques del 20 de septiembre de 1998, casi dos años antes, anticipa los considerados y el fallo?
En él podemos leer que: “los peritos coinciden en que el aumento de la deuda externa entre 1976 y 1982 carece de justificación económica, financiera y administrativa”, que el mejor ejemplo era Yacimientos Petrolíferos Fiscales que hasta el golpe de 1976 tenía una deuda de 372 millones de dólares y en 1983 había trepado a 6.000 millones de dólares.
El fallo sobreseerá a Martínez de Hoz por prescripción de los delitos de los que se le acusa. Esperará, como ya lo hemos dicho, casi dos años más después de esa publicación.
¿Por qué tanta deliberada demora si el fallo ya estaba escrito?
En 1999, el Honorable Congreso de la Nación modificará el Código Penal, y convenientemente reformulará el artículo 67 retirando la palabra “secuelas” del inciso 4 del citado artículo. Este artículo trataba sobre la suspensión de los plazos de prescripción de los delitos, y en la anterior versión, la prescripción de la causa no operaba mientras continuaran las “secuelas” del daño. Y vaya que las “secuelas” del daño continuaban en pie en el transcurso de los años. Y por ello, no podría haber prescripción y los responsables deberían hacer frente a sus responsabilidades por los estragos producidos.
Y vaya que de no haberse retirado la palabra “secuelas” del mencionado artículo, nunca podría haberse sobreseído a tan importante personajes del Régimen.
Las “secuelas” aún continúan cuando los argentinos debemos nuestra pobreza a nuestra potencial riqueza y a su saqueo, y la conformación de una deuda fraudulenta e ilegítima- en las palabras del mismo juez actuante- que seguimos abonando, una y otra vez. Con los impuestos a nuestro trabajo y a nuestro consumo, pagamos esta deuda espuria, renegociada innumeradas veces y que nos llevó de una deuda de 7.600 millones en marzo de 1976 a una actual que ronda los 200.000 millones de dólares, habiendo pagado más de 393.000 millones de dólares, 218.000 millones de dólares calculado hasta el desastre político, social y económico del año 2001, época donde corrimos un verdadero peligro de desintegración nacional, y 175.000 millones de dólares desde entonces.
Sin el retiro conveniente del término “secuelas”, los responsables serían, aún hoy, penalmente responsables por los crímenes de lesa patria y lesa humanidad.
Este libro intentará, de manera sintética y lo más claro posible, traer a la luz aquello de lo que la mayoría de los políticos, economistas y dirigentes en general prefieren no hablar ni cuestionar: la deuda externa.
Entre la ceguera y la planificación
En las últimas décadas anteriores al 2003, nuestra patria ha sido sometida por propios y ajenos a las más descabelladas y criminales políticas que devinieron en el desgarramiento de nuestro tejido social, la destrucción de los sistemas de representación política, de producción, educacionales y de justicia; la formación de una deuda pública muy superior a las posibilidades reales de pago; el sometimiento a la pobreza y la marginalidad; el fomento de una cultura ególatra basada en la destrucción de los valores éticos de la sociedad para ser reemplazados por un narcótico culto a los disvalores sociales, elementos propios de un proceso colonial que convirtió a nuestro país en un territorio tributario donde se producen en plena crisis alimentos para 300.000.000 habitantes, pero a 10.000.000 de argentinos se los ha sometido al exterminio, producto del hambre, la ignorancia y el desamparo.
Suponer que esto que nos ocurrió es fruto del azar, que poco o casi nada nos incumbe o que lo ya ocurrido no es de nuestra responsabilidad como sociedad, es continuar con la ceguera suicida que enmarcó buena parte de nuestra historia reciente. Ante todo, nuestra responsabilidad moral es inalienable.
El dejar hacer, el elegir el mal menor, el repetir ahuecado de “roba pero hace”, el voto cuota, el apoyo delirante a quienes nos destruyen, el desprecio a nuestros compatriotas y a nuestra patria y la aceptada inserción de una cultura que nos propuso vivir sin trabajar- en unos, mediante la especulación financiera, en otros, mediante la especulación política-, etc., son acabada muestra de nuestro inmediato pasado y nuestro aún alienado presente.
Pero la más grande responsabilidad moral como sociedad, sin duda es nuestro olvido y desprotección de los más indefensos, los niños y los ancianos, los extremos del ciclo de la vida. Los argentinos hemos asistido conmovidos pero impasibles al crimen social, a nuestro propio exterminio.
Latinoamérica conoce cabalmente el significado de esa palabra.
De esa responsabilidad moral devienen todas las otras que hacen a nuestro comportamiento político y económico como ciudadanos.
Esta inconducta ciudadana facilitó la tarea de propios y ajenos que instalados en el poder han saqueado a la nación. La deuda externa, por caso, no es más que un reflejo de nuestro suceder como Estado-Nación y como comunidad arrojada más a los gestos que a las gestas de la independencia. Con mecanismos espurios se formó la masa crítica de la deuda, con la llegada de la democracia se la legitimó, luego otro gobierno la canjeó por los principales activos del país vendidos a precio vil, para luego, mediante el descalabro económico y financiero, canjear los bonos de esa deuda por otros a tasas de interés exorbitantes, imposibles de pagar, con la velada pretensión de canjearla por el territorio nacional y los recursos naturales que aún poseemos; luego un gobierno pagó con quita pero sin cuestionamiento legal alguno y hoy se negocia con los fondos buitres con pagos en efectivo, consolidando ganancias de más del 120%.
Todo ello con el telón de fondo de la marginalidad en su más amplio espectro y la condena a la miseria para millones de argentinos.
Mientras ello ocurría, los organismos de contralor internacional no daban señales de alarma sino que, al contrario, fomentaban y hasta imponían políticas que aceleraban nuestra desarticulación nacional. Desandamos una y otra vez por el mismo camino y las mismas recetas impuestas desde afuera con el beneplácito de una clase dirigente y su claque, que desprecian sistemáticamente lo nacional, desde la producción de bienes hasta la cultura, cruzando por el meridiano de todo lo que manifieste o represente lo nacional y verdaderamente popular. Aún deben sonar en nuestra memoria los aplausos con que los técnicos de turno felicitaban a nuestros gobiernos por facilitar nuestra llegada al abismo. Todo un andamiaje ideológico, síquico, cultural, económico y social para justificar la dependencia.
Pero lo que en algunos fue ceguera en otros fue plan.
Plan que sin prisa y sin pausa nos fue destruyendo. “Sobredosis de liberalismo” ensayaron algunos, como excusa benevolentemente; dominación, vaciamiento y esclavitud para hablar sin eufemismos.
La República Argentina ha sufrido en los últimos sesenta años una incontrolable violencia política, iniciada con los verdaderos de Plaza de Mayo en 1955 que derivó en un golpe militar; una sucesión de gobiernos débiles y condicionados hasta llegar a una dictadura cívico militar que colapsó con una tremenda derrota en el Atlántico Sur; desaparecidos y ataques terroristas a objetivos civiles; presidentes constitucionales que se marcharon sin cumplir con los mandatos y mucho menos con sus promesas; el dispendio de los activos nacionales; procesos hiperinflacionarios y default; la confiscación de los ahorros y la destrucción del aparato productivo; el vaciamiento de la educación y la marginalidad de los maestros; el empobrecimiento y la miseria de la mayoría de sus habitantes; la inseguridad y nuevamente la muerte por las calles, y por sobre todas las cosas la falta de justicia, como el más demoledor golpe a la República, porque sin justicia, la desesperación y la demolición llegaron al extremo.
La importancia de la deuda externa en la planificación del genocidio
En este plan de vaciamiento, la deuda externa ocupa, como ya lo dijimos, un lugar importantísimo, porque a través de ella se han ido minando no sólo las estructuras económicas y financieras sino que de la mano de los productos importados se introdujo la ideología de vivir de prestado y que los argentinos éramos y somos los peores administradores del patrimonio público y, a causa de ello, lo público debería ser privado.
Digo éramos, porque esta ideología ya pretendía ser introducida antaño, cuando en 1913 les contestaba el Ing. Luis A. Huergo: “Prédica, repetición de aquella teoría de los tontos de voz ahuecada, de que las cosas y las propiedades de mayor valor de la Nación deben entregarse a manos mercenarias, porque los gobiernos son malos administradores, teoría desmentida por el mundo. Los gobiernos de todas las naciones civilizadas administran sus finanzas, sus rentas, sus aduanas, sus bancos de créditos, sin necesidad de nombrar, sus ejércitos, sus escuadras y sus arsenales. Sólo los países degenerados aceptan y buscan afuera los administradores de sus grandes instituciones y riquezas”.
La constitución de la deuda, que ya un juez federal, previa investigación, dictaminó con su condición de cosa juzgada, la ilegalidad de al menos parte de la misma y la necesaria connivencia de los funcionarios económicos junto con determinados grupos económicos, agentes activos de ese proceso de endeudamiento, mediante:
la fragua de deuda inexistente;
el no registro de las operaciones;
la contabilización de operaciones, donde se confundía el supuestos deudor con el supuesto acreedor;
la contracción de deuda sin la debida autorización o la justificación de las operaciones; y
la contracción de deuda sin la observancia de las leyes vigentes y la renuncia a la jurisdicción nacional.
Sólo por estos conceptos salieron sin registrar su contrapartida 10.000 millones de dólares durante los años de la formación de la masa crítica de la deuda.
El reemplazo posterior del deudor, cambiando la deuda privada en deuda pública a través de los seguros de cambio y otros mecanismos similares iniciados durante el gobierno militar por Domingo Cavallo (1982), y continuado durante el gobierno constitucional del Dr. Alfonsín por su Ministro de Economía Juan Vital Sourrouille (1986), permitieron consolidar ese fraude ya que el gobierno democrático asumió toda la deuda, absorbiendo la deuda privada que generaron un pequeño grupo de empresas; pequeño en cantidad pero muy importante por su gravitación en la economía local.
Las sucesivas renegociaciones y el dispendio de los créditos recibidos destinados a entidades financieras, redescuentos y créditos privilegiados a largo plazo y a escasa o nula tasa de interés, más el descontrol de los gastos públicos que financiaron por esta vía la administración, obligó a desviar y/o bloquear estos fondos a los agentes productivos locales. Lo cual trajo aparejado que, por falta de acceso al mercado de capitales y por la consecuente suba de la tasa de interés, el sistema productivo nacional se viera seriamente afectado. Conjuntamente, la producción nacional era desprotegida a través de una errónea y unilateral política de aranceles aduaneros. Un ataque frontal desde el ámbito fiscal, financiero y monetario para nuestro sistema económico. En este orden, la hiperinflación no fue sólo un desmadre del sistema de precios sino una consecuencia lógica e inevitable de este procedimiento fiscal y financiero.
Debilitadas ya las reservas anímicas e intelectuales nacionales, se hizo posible un reemplazo de la moneda nacional (una de las herramientas básicas de la soberanía económica) por la extranjera en nombre de la estabilidad, sacrificando en un rápido proceso de privatización, enajenando todas las empresas públicas a precio vil, absorbiendo sus pasivos y otorgándoles a sus adquirentes las reservas de mercado que permitieron comportamientos monopólicos, especialmente en el rubro de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles, los peajes y los puertos.
Posteriormente, las tenencias accionarias de esas empresas privatizadas cambiaron de mano, extranjerizándose, ya que los acreedores externos y/o socios externos de las empresas privatizadas compraron o canjearon las acciones de los socios locales por deuda contraídas por estos. De esta manera los concesionarios originales que respondían a grupos económicos locales terminaron cediendo el control de las empresas privatizadas a sus socios y acreedores externos. Los cuales de esta manera absorbieron el mercado interno argentino en posiciones monopólicas y con rendimientos económicos superiores a los estándares del mundo civilizado. El desvarío en el manejo de la cuentas públicas permitió utilizar el resultado de las privatizaciones para solventar los crecientes gastos corrientes, mientras un coro de economistas locales y extranjeros cantaba sus loas a la convertibilidad.
Conjuntamente con ello, se realizó una reforma previsional que desfinanció a las cajas jubilatorias y que llegó a costarle a cada argentino 22 centavos por cada peso que pagaba de impuestos, privilegiando a las administradoras del fondo de pensión a costa del financiamiento de toda la sociedad y, además, recibieron como premio extra suculentas comisiones descontadas de los aportes de los futuros e hipotéticos beneficiarios de la jubilación privada. La población aún recuerda que las Administradoras de Fondos de Pensión fueron entidades corruptas, que desviando el esfuerzo de los trabajadores enriquecieron a un selecto grupo financiero.
Se facilitó que los entes provinciales salieran a la búsqueda de créditos, desplazando por este acto al sector privado, elevando la tasa de interés y postergando una necesaria racionalización de las cuentas provinciales tendiente al equilibrio fiscal; este endeudamiento solventó el disparate provincial en la mayoría de los casos. De más está decir que este ingreso de fondos financió la consolidación de esquemas políticos propios de caudillismos basados en el asistencialismo político y la corrupción. Las ideas políticas se reemplazaron así, por las necesidades y las prebendas, sumergiendo a la población más necesitada en cuasi esclavos de sus dirigentes.
Como lógica consecuencia y producto de las reiteradas renegociaciones no sólo subieron los montos de la deuda sino consecuentemente las tasas de interés hasta valores inimaginables en cualquier parte del mundo. Renegociaciones y colocaciones de deuda nueva que otorgaron suculentas comisiones a los intermediarios financieros.
La fuga de capitales (nuevamente), la aguda recesión y un muro infranqueable de deuda cuyo vencimiento anual superaba largamente sus posibilidades de pago para los años 2001, 2002, 2003 y 2004, constituida para vencer en esa fecha a través de varias renegociaciones. La primera de ella llamada Plan Brady (realizado en 1992), llevó inevitablemente al default, a la depreciación de la moneda (nuevamente), la confiscación de los ahorros (nuevamente) y el brutal empobrecimiento de la población.
Después de malgastar 30 años de vida económica, recursos y esperanzas para alcanzar el mismo nivel económico que se tenía al inicio de la década de los setenta, pero con mayor población- esta vez mal alimentada y mal instruida, con carencias de todo tipo pero esencialmente de la aplicación de los valores fundamentales-, se renegoció la deuda en el año 2005, en las peores condiciones económicas. Generando un pingüe negocio para los buitres con insolvencia, que comprando a 10 después del default recibirán más de 65 como capital, intereses y premios si aceptaron el canje, o su actual pretensión de cobrar con inusitadas ganancias superiores al 1200% de una sola vez y en efectivo, mediante la judicialización de sus reclamos en los tribunales de Nueva York.
Negociación del 2005 que incluyó dos cláusulas de ajuste increíbles, que no se encontraban en la propuesta original y que nos fueron impuestas para lograr la aceptación de los acreedores: El ajuste por inflación de los bonos y el ajuste por crecimiento del Producto Interno Bruto. Así, los oligopolios a cargo de nuestro mercado interno realizan un doble negocio con el solo mecanismo de subir ininterrumpidamente los precios: se apoderan de mayor porción del ingreso disponible de los argentinos y mejoran el rendimiento financiero de los bonos de la deuda, a razón de más de 300 millones de dólares por cada punto de inflación que reconocía el Indec.
El gobierno “patrióticamente” para resistirse a convalidar la pretensión de los índices de inflación privados financiados por los principales grupos económicos que actúan en el país debió realizar sus propias mediciones, fuertemente cuestionadas; de haberse registrado la inflación pretendida por los grupos económicos dominantes, las cuentas fiscales se hubieran visto fuertemente afectadas, hasta el punto de hacer inviable todo programa económico de reparación social. Bajo estas condiciones de debilidad económica, financiera, social, política y espiritual, el Gobierno Mundial, a través de los organismos internacionales preparó una agenda de temas a cumplir por el Estado Argentino para la renegociación de la deuda pública.
Pero: ¿Cómo se formó la deuda?
La primera condición para llevar adelante este plan fue la de introducir una deuda no existente anteriormente y que afectara todo el mecanismo económico, político, financiero y social de la República. En pocas palabras: La deuda externa fue utilizada como mecanismo de dominación del país.
¿Y cómo se domina a un país?
Bombardeándolo con ideologías extrañas que minaron la psiquis social y política, azuzándolo conjuntamente con condicionamientos y restricciones económicas crecientes. Eliminando el eje virtuoso basado en la primacía de lo moral sobre lo político y de lo político, acotando y delimitando lo económico al interés nacional. La verdadera subversión fue el reemplazo de este orden de valores por la sustitución de un eje cuya primacía surge de lo económico sobre lo político y de lo político sobre lo moral. La irrupción catastrófica de lo económico sobre lo moral se manifiesta en la carencia de sentido nacional, la pérdida de solidaridad social y el auge de la corrupción, ahuecada ideología que pretende que la suma de los egoísmos personales desemboca naturalmente en el bienestar general.
La lacra política pretendió que por “razones de estado” se legitime la tortura, el asesinato directo o indirecto (mediante las políticas sociales y sus carencias), y el vicio económico que justifica la corrupción como medio normal de enriquecimiento personal.
La pérdida del valor soberano de la moneda es su consecuencia más visible.
¿Cómo empezar esa dominación desde el punto de vista económico?
Eliminando su moneda y su crédito, factores ineludibles de su soberanía.
Manejando sus riquezas y sus mercados.
Disponiendo de su desarrollo y de los frutos de su esfuerzo.
Reemplazando el modelo económico, político y jurídico: “Frente a un tremendo vacío de poder capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global conducida por el poder político, a la carencia de soluciones para problemas básicos de la Nación cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismo, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y la corrupción generalizadas; todo lo cual se traduce a una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado”. Buenos Aires, 24 de marzo de 1976. (Firmado) Videla, Massera, Agosti.
A partir del golpe militar en 1976, se inició un cambio político, jurídico y económico que subvirtió los valores, pero sus causales devienen desde el fondo de nuestra colonial historia. No sólo se reemplazaron las instituciones democráticas, que estaban siendo jaqueadas políticamente e internamente desde ambos extremos a partir de su instalación en 1973, sino que se las jaqueó económicamente con inflación y mega devaluaciones, restricciones y condicionamientos en la oferta de bienes y luchas sindicales muchas de ellas irreales (recordar que el Dr. Martínez de Hoz admitió públicamente que inició la preparación de su plan económico un año antes de producirse el golpe institucional).
Paradojalmente, las autoridades de facto que ocuparon el poder para combatir la subversión no solo demolieron las representaciones de iure, sino que consolidaron los cambios jurídicos necesarios para la instalación plena del plan, conjuntamente con cultura financiera que desplazó los valores de una cultura de trabajo com bien social y de otros trágicos hechos de suficiente conocimiento público que enlutan nuestra historia reciente.
En efecto, mediante la sanción de la Ley 21305 al comienzo del plan económico de Martínez de Hoz, se eliminó toda restricción a la prórroga de jurisdicción, que estaba expresamente prohibido por las leyes argentinas. Reemplazándose por juece extranjeros todo tratamiento o cuestión sobre la deuda externa, que correspondía hasta entonces a los tribunales nacionales. Prórroga de la jurisdicción aplicada desde entonces y que hoy se mantiene, restringiendo y sometiendo nuestra decisión soberana a las leyes y designios de jueces extranjeros, tal el caso del juez Griesa de la Corte de Nueva York.
Una aclaración adicional, la sanción de la ley 21305 que modificó y produjo la prórroga de jurisdicción hacia fueros extranjeros vino a “cubrir” los primeros 34 contratos realizados a partir del 24 de marzo de 1976, que prorrogaba la jurisdicción en abierta violación a la ley vigente en ese momento.
¿Cómo producir el cambio del modelo económico y político?
Reemplazando y vaciando de contenidos sus instituciones, abriendo brechas económicas, dividiendo, enfrentando a sus clases sociales, reprimiendo todo acto de rebeldía, e inutilizando todo esfuerzo para recuperar la senda nacional.
¿Cómo ahogar todo esfuerzo económico?
Notas
*Este artículo corresponde al capítulo primero del libro “El crimen de la deuda externa: De Martínez de Hoz a los fondos buitre”. Agradecemos a Ediciones Fabro por permitirnos su reproducción parcial.